Elecciones ¿Para qué?

Elecciones ¿Para qué?*

Recién en enero de este año el país celebró el veinticinco aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, vaios cambios estructurales se originaron en ese documento. Uno de los cambios radicales fue la creación de un nuevo ente y autoridad en materia electoral.

A raíz de los Acuerdos de Paz de Chapultepec (México) celebrados el 16 de enero de 1992, y que pusieron fin al conflicto armado (1980-1991), el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) introducen reformas a algunas de las instituciones existentes. Como punto destacado de los Acuerdos, específicamente en el acápite III numeral 1 sobre las Reformas Constitucionales, se acordó la eliminación del Consejo Central de Elecciones (CCE) y en su lugar se creó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Así, el TSE fue creado mediante la reforma constitucional, promulgada mediante el Decreto Legislativo Nº 64, de 31 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial Nº 217, Tomo 313, de 20 de noviembre de 1991. Los artículos 208 y 209 del actual texto constitucional regulan la conformación y competencias del TSE.¹ Desde esa fecha se han organizado los siguientes eventos electorales:

Cabe la pregunta y ¿para qué todas esas elecciones? ¿Qué ha ganado la población, la sociedad, el sistema político, los partidos políticos, el país? Hay que aceptarlo, no hay democracia sin elecciones. Por lo tanto nuestro sistema político, nuestra democracia es mejor que antes del conflicto armado de los años ochentas.

Ya no hay fraudes como los que se hacían en tiempos de elecciones organizadas por gobiernos militaristas y partidos proimperialistas norteamericanos. Es aceptado que hoy en día, las elecciones materializan la decisión de los ciudadanos sobre quiénes les representan en el órgano ejecutivo; en los consejos municipales y en la Asamblea Legislativa. 

Las elecciones son el canal para legitimar a los poderes políticos. No obstante, en nuestro país, y aceptando que a nuestro régimen político se le puede denominar como elitsmo competitivo, si es así, las elecciones juegan un papel relevante y central para “derimir la disputa por el control de los recursos autoritativos, pero donde es muy difícil, sino imposible, sancionar a las élites por el abuso o mal uso de dichos recursos”² En otras palabras, las elecciones no solo han fortalecido el sistema político, y cada elección ha servido para legitimar a los representantes políticos sino que también, de forma simultánea se ha legitimado el abuso y el robo o apropiación indebida de los recursos a los que tienen acceso nuestros legítimos representantes, hemos sido parte de avalar y fomentar una cultura de políticos que se aprovechan, a sabiendas de los vacíos de control de la función pública, y en vez de servir al bien común, devienen en vividores de los recursos públicos. 

Nunca sabremos las verdaderas intenciones y motivos por los que un ciudadano entra a la política partidista pero viendo la historia vemos que muchos candidatos solo buscan réditos económicos. Por otra parte, el sistema de vigilancia de esa malas conductas y delitos no se fortalece, no hay mayores controles y sanciones generándose un sistema de impunidad y corrupción política.

Para muestra un botón, recientemente el periódico digital Elfaro publicó una nota periodística titulada El primer juicio por enriquecimiento ilícito termina en saco roto. El protagonista es el actual diputado por el PCN, Reynaldo Antonio López Cardoza. La trayectoria política como Diputado Propietario a la Asamblea Legislativa por el departamento de Chalatenango incluye los siguientes períodos: Mayo 2015–Abril 2018; 2012-2015 y 2009–2012. Una de las razones para enjuiciar al diputado involucrado era que: 

En seis años, Cardoza obtuvo ingresos de más de 171 mil dólares en concepto de salario; viáticos que suman más de 140 mil dólares; gastos de representación por más de 67 mil; otras prestaciones del cargo por un poco más de 50 mil; un poco más de 65 mil 828 que la Asamblea le pagó en concepto de gastos de transporte y más de 256 mil dólares que recibió en concepto de deuda política. Es decir que Cardoza obtuvo tres cuartos de millón de dólares (753 mil 886 dólares con 71 centavos) en ingresos que no tenía antes de convertirse en diputado de la Asamblea. Una de las conclusiones que incluyó la Cámara en su resolución es que Cardoza, en sus primeros dos legislaturas (2009-2012 y 2012-2015), se benefició de “excesivas prestaciones económicas que le brinda el cargo de diputado”³ 

El diputado se enriqueció legalmente al ser elegido en elecciones libres y su cargo es legítimo. Podríamos citar los nombres de innumerables políticos vivos unos, ya fallecidos otros, que son parte de esa élite política que esquilma los recursos del país y que viven en la impunidad, sus delitos no serán judicializados ni nunca entraran a un juzgado por ello y todo inició al ser proclamados candidatos y cuando se sometieron a elecciones para cargos públicos, ganaron en lo político y en lo económico.

Lo dicho arriba impacta directamente en la participación de los ciudadanos en las elecciones. En nuestro país la participación nunca supera el 65% del total de personas aptas para ir a votar. Claro, la gente percibe que los candidatos no tienen buenas intenciones políticas. La corrupción ha crecido junto con el aparato electoral, hemos creado un monstruo y la gente lo percibe, tal como revela el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop):

Para los salvadoreños, los partidos políticos son la institución que menos confianza les merece, lo que se traduce en el nivel de confianza más bajo registrado por el Iudop hasta la fecha: solo el 3.5% de los encuestados afirma tener mucha confianza en los partidos. Lo mismo ocurre con la Asamblea Legislativa: apenas el 5% se fía de ella. Esta desconfianza en las instituciones políticas se evidencia también en las respuestas a la pregunta sobre la opción de voto: si hubiese elecciones, el 43.9% no votaría por ninguno de los partidos políticos existentes⁴.

¿Qué debemos hacer como sociedad para que el instrumento de las elecciones no sirva para justificar el enriquecimiento ilícito de los candidatos? ¿Independientemente de los vacíos de aplicación de las leyes, a dónde está la falla, en los partidos o en los electores? No hay respuesta sencilla, la Fiscalía debe investigar y aplicar la ley a aquellos que se aprovechan de la función pública; la Asamblea legislativa debe subsanar los vacíos de ley con las reformas pertinentes; los partidos políticos deben asegurarse de la honradez notoria y permanente de sus militantes y candidatos; los electores debemos asegurar nuestro voto indagando por quién vamos a votar, hay que votar inteligentemente, ir a votar no es algo mecánico y a ojos cerrados, el sistema político es una inversión social, estamos poniendo dinero ahí y debemos saber quiénes y cómo lo administrarán, lo último que quisiéramos es poner a un ladrón.

*Artículo original preparado para Brújula Electoral #2, abril 2017. El editor de Brújula Electoral publicó parcialmente este artículo, puede consultarlo aquí: http://www.uca.edu.sv/noticias/brujula-electoral-372  

1Información recuperada del sitio web del Tribunal Supremo Electoral el 13 de marzo 2017. Consultado en línea: http://www.tse.gob.sv/institucion/historia

2Artiga-González El sistema político salvadoreño. San Salvador, Edición de Uca-Agencia de Cooperación Española-Pnud El Salvador. 2016, pág. 195.

3Nota de Sergio Arauz, publicada con fecha 3 de marzo 2017. Consultada el 13 de marzo, disponible en sitio web: http://elfaro.net/es/201703/el_salvador/20077/El-primer-juicio-por-enriquecimiento-il%C3%ADcito-termina-en-saco-roto.htm

4Uca. Editorial (11 de enero de 2017) Consultado el 13 de enero de 2017 en sitio web http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-4555