Función social de los partidos políticos
SAN SALVADOR-Las funciones sociales son aquellas que tienen los partidos como organizaciones que nacen del cuerpo social, ante el cual tienen ciertas responsabilidades. Entre éstas podemos destacar la socialización política, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político.
La socialización política implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la democracia.
Los partidos modernos, de acuerdo con algunas leyes de partidos o electorales, siguen teniendo la obligación de promover los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos, la práctica de la tolerancia y el derecho al disenso, así como también la de capacitar a sus miembros en los principios ideológicos del partido y difundir éstos entre los ciudadanos.
La movilización de la opinión pública. En la actualidad, la función socializadora de los partidos ha descendido en importancia por el papel creciente de los medios de comunicación ajenos a los partidos. Los medios partidistas tienen una precaria existencia, pues los ciudadanos y en ocasiones los mismos afiliados prefieren una información menos doctrinaria. Las que si tienen cada vez más aceptación son las fundaciones de estudio, investigación y documentación de los partidos. No hay que olvidar que ajenos a los partidos políticos no quiere decir que no tengan intereses sino que por su misma defensa ideológica se mantienen al margen de ellos. Los parentescos ideológicos entre medios de comunicación y partidos son evidentes aunque no sean voceros oficiales.
No obstante, algunos críticos de los partidos han señalado que éstos han sido rebasados por los movimientos sociales en cuanto a su aptitud para movilizar la opinión pública. Tal censura debe ser vista con objetividad. Seguramente, algunos partidos han perdido capacidades para articular las demandas de la comunidad, y ante ciertas reivindicaciones de los movimientos sociales no actúan con la celeridad que se requiere. Otros, en cambio, actualizan y reformulan sus estrategias y logran conformar mejores ofertas políticas frente a sus miembros y al resto de la sociedad en los órdenes privado y público, frecuentados por las nuevas organizaciones sociales. Ocurre que muchas veces los movimientos sociales llegan a constituirse como partidos políticos.
La tercera función social de los partidos es la representación de intereses. En su origen, los partidos obreros, por ejemplo, representaban los intereses de su clase.
Hoy en día los partidos suelen intentar representar intereses muy variados y a veces francamente contradictorios. Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que los partidos no sostengan preferentemente determinados intereses sobre otros; significa que los partidos son medios de canalización de múltiples intereses, pero tienden a preferir unos sobre otros, atendiendo a su origen histórico o ideológico o a una coyuntura política que haga más redituable defender determinados intereses (cálculo político). El por qué se defienden ciertos intereses en vez de otros tiene que ver principalmente con la prevalencia, en el interior del partido, de los intereses a representar y proteger. La población, la gente debe asociarse a una entidad partidista de eso se trata en una democracia. Todos tenemos intereses, todos debemos defenderlos con los recursos de la democracia, no creo en neutralismos políticos y hay que tener mucho ojo con propuestas “neutras” o que sólo buscan el “bien común”.
Los movimientos sociales carecen de las propiedades de las entidades formales, sobre todo de la vigencia interna de las decisiones de sus representantes, gracias a la cual dichas entidades pueden asegurar en cierta medida el cumplimiento de los acuerdos de una negociación política.
La última de las funciones sociales de los partidos es su papel como legitimadores del sistema político.
Los criterios para medir la legitimidad de un sistema son múltiples, y van desde su capacidad para mantenerse estable, ser eficaz y gozar de la aceptación de los ciudadanos, hasta la de respetar los derechos humanos en todas las esferas del poder. Uno de los criterios más aceptados en una democracia para medir la legitimidad del sistema alude a su capacidad para promover en su conjunto los procedimientos y las instituciones democráticos y para garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los partidos hacen posible la democracia, es decir, hacen viables las decisiones mayoritarias e impiden excluir de los derechos a las minorías, permiten el consenso pero también el disenso y, por tanto, la tolerancia y el libre debate de las ideas, programas políticos y leyes. Esta función es la más importante de los partidos y refuerza la necesidad que tienen las democracias de conservarlos y perfeccionarlos.
En este sentido las observaciones de FUSADES en su estudio sobre las Instituciones democráticas (2005) en nuestro país: “La evidencia empírica no sólo no muestra indicio alguno de crisis del sistema de partidos sino que más bien presenta a El Salvador como uno de los ejemplos latinoamericanos de vigor partidista. Las principales deficiencias del sistema de partidos se encuentran a nivel intrapartidista, esto es, en el equilibrio interno de poderes y en las relaciones de éstos con los electores. Se trata de partidos de estructura jerárquica, eficaces en la competición electoral, pero relativamente distantes de los electores, debido precisamente a la verticalización de las estructuras”. De acuerdo a lo anterior una cosa es que los partidos políticos salvadoreños necesiten reajustarse a las demandas de representación cada vez mayor que la gente exige y otra es suprimirlos o restarles peso.
El Frente como partido y con todas las limitantes conocidas está haciendo una gestión aceptable y la misma FUSADES (2011) en su Apreciación del Segundo Año de Gobierno lo reconoce: en el plano orgánico (relación con la élite del FMLN) se argumenta que la relación entre el partido en el poder y el Presidente Funes se ha fortalecido. Este argumento se fundamenta en tres indicadores: a. La recomposición de la gobernabilidad en el ámbito legislativo; b. La permanencia de importantes líderes del FMLN en los ministerios con mayor presencia territorial y asignación presupuestaria; y c. El apoyo público que el liderazgo del FMLN ha expresado a favor de la gestión del gobierno y del Presidente Funes.
La socialización política implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la democracia.
Los partidos modernos, de acuerdo con algunas leyes de partidos o electorales, siguen teniendo la obligación de promover los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos, la práctica de la tolerancia y el derecho al disenso, así como también la de capacitar a sus miembros en los principios ideológicos del partido y difundir éstos entre los ciudadanos.
La movilización de la opinión pública. En la actualidad, la función socializadora de los partidos ha descendido en importancia por el papel creciente de los medios de comunicación ajenos a los partidos. Los medios partidistas tienen una precaria existencia, pues los ciudadanos y en ocasiones los mismos afiliados prefieren una información menos doctrinaria. Las que si tienen cada vez más aceptación son las fundaciones de estudio, investigación y documentación de los partidos. No hay que olvidar que ajenos a los partidos políticos no quiere decir que no tengan intereses sino que por su misma defensa ideológica se mantienen al margen de ellos. Los parentescos ideológicos entre medios de comunicación y partidos son evidentes aunque no sean voceros oficiales.
No obstante, algunos críticos de los partidos han señalado que éstos han sido rebasados por los movimientos sociales en cuanto a su aptitud para movilizar la opinión pública. Tal censura debe ser vista con objetividad. Seguramente, algunos partidos han perdido capacidades para articular las demandas de la comunidad, y ante ciertas reivindicaciones de los movimientos sociales no actúan con la celeridad que se requiere. Otros, en cambio, actualizan y reformulan sus estrategias y logran conformar mejores ofertas políticas frente a sus miembros y al resto de la sociedad en los órdenes privado y público, frecuentados por las nuevas organizaciones sociales. Ocurre que muchas veces los movimientos sociales llegan a constituirse como partidos políticos.
La tercera función social de los partidos es la representación de intereses. En su origen, los partidos obreros, por ejemplo, representaban los intereses de su clase.
Hoy en día los partidos suelen intentar representar intereses muy variados y a veces francamente contradictorios. Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que los partidos no sostengan preferentemente determinados intereses sobre otros; significa que los partidos son medios de canalización de múltiples intereses, pero tienden a preferir unos sobre otros, atendiendo a su origen histórico o ideológico o a una coyuntura política que haga más redituable defender determinados intereses (cálculo político). El por qué se defienden ciertos intereses en vez de otros tiene que ver principalmente con la prevalencia, en el interior del partido, de los intereses a representar y proteger. La población, la gente debe asociarse a una entidad partidista de eso se trata en una democracia. Todos tenemos intereses, todos debemos defenderlos con los recursos de la democracia, no creo en neutralismos políticos y hay que tener mucho ojo con propuestas “neutras” o que sólo buscan el “bien común”.
Los movimientos sociales carecen de las propiedades de las entidades formales, sobre todo de la vigencia interna de las decisiones de sus representantes, gracias a la cual dichas entidades pueden asegurar en cierta medida el cumplimiento de los acuerdos de una negociación política.
La última de las funciones sociales de los partidos es su papel como legitimadores del sistema político.
Los criterios para medir la legitimidad de un sistema son múltiples, y van desde su capacidad para mantenerse estable, ser eficaz y gozar de la aceptación de los ciudadanos, hasta la de respetar los derechos humanos en todas las esferas del poder. Uno de los criterios más aceptados en una democracia para medir la legitimidad del sistema alude a su capacidad para promover en su conjunto los procedimientos y las instituciones democráticos y para garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los partidos hacen posible la democracia, es decir, hacen viables las decisiones mayoritarias e impiden excluir de los derechos a las minorías, permiten el consenso pero también el disenso y, por tanto, la tolerancia y el libre debate de las ideas, programas políticos y leyes. Esta función es la más importante de los partidos y refuerza la necesidad que tienen las democracias de conservarlos y perfeccionarlos.
En este sentido las observaciones de FUSADES en su estudio sobre las Instituciones democráticas (2005) en nuestro país: “La evidencia empírica no sólo no muestra indicio alguno de crisis del sistema de partidos sino que más bien presenta a El Salvador como uno de los ejemplos latinoamericanos de vigor partidista. Las principales deficiencias del sistema de partidos se encuentran a nivel intrapartidista, esto es, en el equilibrio interno de poderes y en las relaciones de éstos con los electores. Se trata de partidos de estructura jerárquica, eficaces en la competición electoral, pero relativamente distantes de los electores, debido precisamente a la verticalización de las estructuras”. De acuerdo a lo anterior una cosa es que los partidos políticos salvadoreños necesiten reajustarse a las demandas de representación cada vez mayor que la gente exige y otra es suprimirlos o restarles peso.
El Frente como partido y con todas las limitantes conocidas está haciendo una gestión aceptable y la misma FUSADES (2011) en su Apreciación del Segundo Año de Gobierno lo reconoce: en el plano orgánico (relación con la élite del FMLN) se argumenta que la relación entre el partido en el poder y el Presidente Funes se ha fortalecido. Este argumento se fundamenta en tres indicadores: a. La recomposición de la gobernabilidad en el ámbito legislativo; b. La permanencia de importantes líderes del FMLN en los ministerios con mayor presencia territorial y asignación presupuestaria; y c. El apoyo público que el liderazgo del FMLN ha expresado a favor de la gestión del gobierno y del Presidente Funes.
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