El “cambio” hacia lo justo debe llegar a la cuestión de migración

El presidente Flores (2000-2004) funda la Dirección General
de Atención a Comunidades en Exterior, con lo que el tema migrantes pasa a
formar parte de la agenda política nacional. En el contexto post-terremoto,
Flores impulsó el programa Unidos Por La Solidaridad que
promovió la participación de salvadoreños en exterior en la realización de
obras públicas para la reconstrucción del país. En ese tenor las autoridades de
Estados Unidos aprobaron beneficiar a más de 240 mil salvadoreños con el TPS
debido a que no podían deportarlos al país por el desastre sísmico.
En el 2004
el presidente Tony Saca crea por decreto ejecutivo el Vice Ministerio para Salvadoreños en Exterior.
En la primera
gestión del Fmln, con el presidente Funes, a partir de junio del año 2009, el
Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior inicia un proceso de
reorganización interna y redefinición de roles y lineamientos estratégicos de
actuación que indican un giro oportuno. Crea tres direcciones generales: Servicio Exterior, Migración y Desarrollo, y
Derechos Humanos. La herencia más importante y la que el siguiente gobierno
del Fmln debe continuar está en la Dirección General de Derechos Humanos que “está encargada
de formular y ejecutar una política ministerial de promoción al respeto y
garantía de los derechos humanos en el ámbito de las relaciones con los
organismos internacionales de protección de los derechos humanos, (…), es la
dirección encargada de promover la garantía de los derechos humanos de los
salvadoreños en el exterior y de las personas migrantes en tránsito por El
Salvador”[1].
Aquí está el meollo, -del cambio o no-cambio- en el abordaje crítico de las
migraciones y el problema de los indocumentados y retornados. En otras palabras
la diferencia entre las gestiones areneras y las del Fmln estaría en la apuesta
por implementar una sólida institucionalidad comprometida con los derechos
humanos de los migrantes indocumentados.
En esa línea
de derechos humanos ya se tiene la Ley Especial para la Protección y Desarrollo
de la Persona
Migrante y su Familia que avala la creación del Consejo
Nacional para la Protección
y Desarrollo de la
Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES). Éste ente
colegiado está llamado a ser protagonista de primer orden porque se alimenta
con las necesidades que le llevan los diversos sectores de la sociedad civil
que lo conforman.
En resumen, todas las gestiones de gobiernos
anteriores le han dedicado esfuerzos de todo tipo a atender los flujos de
migración “legal” pero no basta; la novedad, lo innovador sería hoy por hoy lo justo,
óigase bien, lo justo: atender ese flujo de gente expulsada de la globalización
que nadie quiere visibilizar y atender porque es impolíticamente incorrecto:
los indocumentados, los retornados, los innombrables NNA (niños, niñas y
adolescentes) no acompañados que sufren aquí, en su tránsito y en su regreso
obligado y/o en su injusta detención.
Esta nota fue publicada el 25 dic en Brújula Electoral N° 14, disponible en http://www.uca.edu.sv/brujula-electoral/edicion-14/
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